NUEVO CONTRATO SOCIAL

1. Introducción.

La sociedad argentina ha experimentado en la última década una inusual cantidad de normas -leyes y decretos- que apuntaron a acomodar las relaciones laborales en el marco de una economía abierta, en un proceso de desindustrialización, con una cultura social de abandono de los principios de equidad – solidaridad y con un estado desguazado y ausente.

El resultado de esa política está reflejado en los índices de lo que llamamos patologías sociales de fines del siglo XX: récord de desocupación y subocupación, amplios sectores de la población con necesidades básicas insatisfechas , abandono de la educación en niveles primarios, deterioro de la salud pública, aumento sustancial de enfermedades de la pobreza; todo esto obviamente acompañado por un descenso real de la recaudación de recursos para la seguridad social y el abandono de ésta por parte del Estado.

Ante este panorama reconocido por el propio gobierno a través de sus estadísticas oficiales, la discusión de la dirigencia política deberá ser si insistir con más de lo mismo o salir de ese eje falso de discusión y entrar seriamente en un debate de cómo los argentinos reconstruimos nuestra identidad mediante la definición de un nuevo modelo de “contrato social” para nuestro país de cara al tercer milenio.

Un rápido repaso de nuestra historia de relaciones del trabajo del último siglo servirá para demostrar la necesidad política de generar un debate distinto en la sociedad argentina.

Los dos protagonistas de la producción de bienes y servicios han avanzado y retrocedido sobre el otro según las circunstancias institucionales que vivía el país; así es como durante períodos de vigencia constitucional el protagonista “trabajo” encontraba condiciones políticas favorables para arrancar supuestas ventajas en la puja con el protagonista “capital”, que esperaba etapas de oscurantismo institucional para recuperar su espacio y avanzar aun más sobre los derechos del trabajador.

Este modelo pendular marcó las relaciones del capital y el trabajo durante 90 años en el país. El único período donde este péndulo falló fue en el gobierno actual, ya que cuando las fuerzas del trabajo se disponían a continuar el reacomodamiento iniciado durante la presidencia de Raúl Alfonsín tendiente a recuperar niveles de distribución de riqueza y derechos laborales, se encontraron con un gobierno de origen constitucional que los ponía de rodillas frente al capital.

Con el pretexto de la modernización se provocaba la más fenomenal transformación negativa que sufrió el derecho laboral en la Argentina desde su creación.

De un modelo protectivo a la inseguridad total, de la estabilidad como valor absoluto a la precariedad y a la flexibilidad, de la especialidad a la polifunción, todo explicado falsa y políticamente como efectos no deseados de un modelo a escala universal.

Si recorremos todos y cada uno de los conceptos utilizados para definir a la empresa como unidad de producción de bienes o servicios, encontramos que ninguno prescinde en su definición del capital y del trabajo como protagonistas indisolubles de la empresa

No existe autor antiguo o contemporáneo de cualquier corriente ideológica, que olvide mencionar al capital y al trabajo juntos para conceptualizar la empresa. Pero en cada una de estas definiciones siempre se los menciona como antagonistas que confrontan mientras producen juntos bienes para el consumo interno o la exportación.

En ese modelo de confrontación están explicados los resultados sociales que padecen hoy las sociedades modernas: concentración de la riqueza, distribución inequitativa, marginalidad y violencia social.

2. Antecedentes históricos.

Si, como lo decimos en la introducción, la convivencia de los hombres en sociedad es producto de un “contrato social” tácito, por el cual los individuos aceptan la imposición de obligaciones de tipo colectivo a cambio de participar en la distribución de los beneficios de la vida en sociedad, la sola referencia a la necesidad de un nuevo contrato social, lleva implícita la idea de que la asignación de roles y las reglas de juego que permitieron el desarrollo económico social, durante toda una etapa, ya no cumplen su función.

Cuando esto ocurre, el “contrato social” deja de dar respuesta a las expectativas de sus signatarios.

Un somero análisis de la realidad nacional nos confirma que esta es la situación por la que atravesamos.

Vemos, en efecto, que aún creciendo, la economía se demuestra incapaz de generar suficientes puestos de trabajo para quienes necesitan de ellos. Dicho en otros términos, es como si al país le sobrara gente, gente que , en las condiciones concretas de la Argentina actual, queda totalmente marginada de los beneficios de la vida en sociedad. Por lo tanto, el “contrato” ya no es más “social”, por cuanto queda un importante sector excluido y librado a su propia suerte.

A diferencia de los desocupados del siglo XIX, que componían “un ejército industrial de reserva” , y que ,por lo tanto, seguían perteneciendo, cultural y socialmente, al proletariado, los desocupados de hoy generan su propia identidad como marginados. Los delitos a la propiedad, el tráfico de drogas, la prostitución, son al mismo tiempo formas de vida y expresiones de impugnación individual a ese contrato social que ya no los toma en cuenta.

Vemos, asimismo, que los afortunados que aún conservan su empleo, deben trabajar más y más duro para ganar menos.

Muchos de ellos, además, se hallan “en negro” o en el marco de alguno de los llamados contratos basura, instituidos por la administración de Menem, o bien participan de la “economía sumergida” como cuentapropistas.

En todos estos casos, el empleo es precario y el acceso a las prestaciones de la seguridad social, problemático o directamente inexistente.

A cambio de producir toda la riqueza de la Nacion ,la inmensa mayoría de los trabajadores apenas obtiene el derecho de vivir al día, sin seguridad de ningún tipo.

Deben vivir al día porque el salario real se ha reducido más de lo que indican las estadísticas, las cuales sólo toman en cuenta la evolución de las retribuciones por categoría laboral. Lo que no reflejan sus cifras es el hecho de que, en la inmensa mayoría de los casos, los trabajadores que pierden su empleo y consiguen otra colocación,.lo hacen en una categoría inferior a la que tenían.

Por su parte, la falta de seguridad en el empleo no sólo se origina en la ya mencionada precarización de las relaciones contractuales. También cuenta la declinación de muchas pequeñas y mediana empresas, que con frecuencia acaba en el cierre. En contra de la explicación neoliberal, la desaparición de muchas Pymes no obedece a una genuina falta de eficiencia, sino a la competencia abusiva de grandes grupos económicos que gozan de indisimulado respaldo oficial.

Pero la inseguridad trasciende largamente la esfera del empleo. Las condiciones de labor en la argentina, de la mano de la nueva Ley de Riesgos de Trabajo y de la deliberada falta de control oficial, son cada vez peores y peor también es el resarcimiento de quienes sufren un accidente o una enfermedad profesional.

La inseguridad tiñe, asimismo, el futuro de las personas.

A los trabajadores en negro, bajo contrato basura o cuentapropistas que no aportan, que son la gran mayoria, el sistema previsional privatizado no les dará respuesta alguna. Para colmo de males, las crisis de los mercados financieros, cada vez más frecuentes, ha comenzado a erosionar los fondos capitalizados en las AFJP. Algo que se sabía que podía ocurrir, pero que fue prolijamente ocultado por los apologistas del modelo.

Del mismo modo, aún para aquéllos que tienen empleo, resulta cada vez mas difícil acceder a una cobertura en salud que dé respuestas satisfactorias ante todas las contingencias.

Y la inseguridad afecta a las familias y se pasa de padres a hijos. Crece la desorganización y la violencia familiar.

La deserción escolar y el deterioro de la calidad en la educación condenan a miles y miles de jóvenes a desempeñar labores degradadas o , directamente, engrosar el número de desempleados.

Por último, inseguridad también es inseguridad física. El aumento de la delincuencia, con mayores niveles de peligrosidad y violencia, la proliferación de “mafias” con algún tipo de respaldo en el poder, la policía corrupta y de gatillo fácil, entre otras cosas, hacen que sea cada vez mas peligroso vivir y trabajar en la Argentina.

Es así que para los trabajadores que se encuentran incluidos en sus términos, el “contrato social” les exige cada vez más y les da cada vez menos.

Todo lo dicho indica palmariamente que el “contrato social” está agotado.

En primer lugar, por la exclusión: el “contrato” ya no es “social”.

En segundo lugar, por la creciente inequidad. El contrato favorece cada vez más a una parte de la sociedad, el sector mas rico, en detrimento del resto, los trabajadores, los cuentapropistas, los pequeños y medianos empresarios.

Ahora bien, cuando un contrato social es abiertamente excluyente y notoriamente inequitativo, lo que termina poniéndose en riesgo es la convivencia social.

Ya sucedió una vez en la Argentina.

El contrato social que posibilitó la organización nacional y que tuvo su expresión formal en la Constitución del 53, se afirmaba en la validez de los derechos y garantías individuales.

La vigencia de ese contrato social, de características liberales, dio lugar a un periodo de vigoroso crecimiento económico, producto de la iniciativa del capital, principalmente en el sector agropecuario y en menor medida en la industria y el comercio.

Sin embargo, el propio desarrollo económico y social experimentado puso de relieve las deficiencias del orden vigente.

En primer lugar, el funcionamiento de un sistema político regimentado y oligárquico, excluía a las mayorías populares.

En segundo lugar, el sistema económico del capitalismo liberal, excluía a las masas asalariadas en el reparto de la riqueza y el bienestar. Había exclusión política y social, y había inequidad en la distribución de los esfuerzos y de la riqueza. Mientras la “juventud dorada” tiraba manteca al techo en París, los trabajadores se apiñaban en conventillos y cumplían jornadas agotadoras por un magro salario.

Así fue que el “contrato social liberal” terminó siendo impugnado tanto por el Radicalismo como por las expresiones políticas y sindicales de la clase obrera, y la fuerza de este rechazo hizo tambalear el andamiaje de la república oligárquica.

Un nuevo contrato social comenzó a gestarse a partir del nuevo siglo, con el perfeccionamiento de la democracia que significó la ley Saenz Peña, bajo cuya vigencia Hipolito Yrigoyen llegó a la primera magistratura; y también, con las primeras leyes obreras, que comenzaron a poner un poco de equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empleadores.

En su dimensión política, las nuevas reglas del juego nunca, hasta la definitiva recuperación de la democracia en 1983, fueron del todo estables. El sector oligárquico, que manejó el aparato del Estado hasta la llegada del Radicalismo al poder, nunca logró insertarse, con peso propio, en el tablero político de la democracia y, en consecuencia, buscó y logró canalizar la defensa de sus intereses a través de la intervención autoritaria de las Fuerzas Armadas.

En el plano económico y social, tres fueron las notas distintivas del nuevo contrato social, que puede considerarse plenamente vigente a comienzos de la década del 50.

En primer lugar, la inclusión de la clase trabajadora en el seno de la sociedad democrática dio lugar a la aparición progresiva de derechos de nuevo tipo: los derechos sociales, formalmente introducidos en la Constitución Nacional recién en 1957. Nos referimos entre otros, a los derechos inherentes a la organización colectiva de los trabajadores: la legalización de los sindicatos, el derecho de huelga, el desarrollo de la negociación colectiva y, junto a ellos, el derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social.

Así, desde los primeros años del siglo, fueron apareciendo las cajas jubilatorias, primero para los estatales, luego para los ferroviarios, hasta extenderse al resto de los trabajadores en la década del cuarenta. Del mismo modo, el derecho a la salud fue convirtiéndose progresivamente en una realidad.

En segundo lugar, el nuevo contrato social, trajo aparejado un nuevo patrón en la distribución del ingreso, con una participación mucho mayor de los trabajadores, producto de un nivel salarial más alto y del crecimiento del salario indirecto.

En tercer lugar, el Estado asumió un rol mucho más activo, ya no sólo como garante del contrato social, sino como su gran protagonista, ya sea gestionando instrumentos de regulación macroeconómica y de redistribución del ingreso, ya sea produciendo bienes y servicios por medio de empresas de su propiedad, ya sea administrando las instituciones del “Estado de Bienestar”, ya sea planificando y promoviendo el crecimiento del aparato productivo, entre otras funciones.

Así como el originario contrato social de corte liberal posibilitó la organización nacional y la construcción de una pujante economía capitalista basada en la producción agropecuaria, el nuevo contrato social fue condición necesaria para la industrialización, sin la cual las empresas del sector no hubieran gozado de la “paz social” y la previsibilidad en las reglas del juego que requieren para ser rentables.

Al mismo tiempo, se registraron importantes avances hacia la igualdad de oportunidades de todas las personas, la inclusión , la equidad social y el bienestar general.

Aunque con ciertas particularidades que le son propias, en la Argentina de la segunda posguerra se establece, al igual que en la generalidad de las economías capitalistas, un “círculo virtuoso” en el que el pleno empleo y los altos salarios impulsan la demanda; el empresariado responde con una inversión sostenida y ésta, por último, al incrementar la productividad del trabajo, permite aumentar simultáneamente salarios y beneficios, manteniéndose el pleno empleo y un crecimiento tendencialmente estable de la demanda.

Pero si bien este proceso se hallaba centrado en la expansión del mercado interno, la falta de integración del aparato productivo industrial requería la importación de insumos y tecnología, los que debían ser financiados con el excedente exportable de la producción agropecuaria. Esta circunstancia dio lugar a una dinámica de crecimiento espasmódico, en la que los ciclos expansivos conducían a una crisis del sector externo la que, a su vez, forzaba a una devaluación e iniciaba un ciclo recesivo. También y por los mismos motivos, tenía lugar una puja distributiva entre la industria y el comercio interno por un lado y el sector agropecuario exportador por el otro; puja cuyo resultado con frecuencia se hallaba ligado a los vaivenes de la política, favoreciendo los regímenes democráticos al sector ligado al mercado interno, y los regímenes autoritarios al sector agropecuario exportador.

La contracara social del “círculo virtuoso” económico es un acuerdo o pacto entre Estado, trabajadores y empresarios que podría sintetizarse como sigue: el Estado les asegura a los empresarios, por un lado, previsibilidad macroeconómica y un horizonte de crecimiento sostenido y por el otro “paz social”, a través de la institucionalización y el control del movimiento obrero y la gestión de los conflictos por la vía negociada. Pero al mismo tiempo les pide el pago de salarios e impuestos relativamente altos (necesarios, los últimos, para solventar las prestaciones del “Estado de Bienestar”) y, por otro lado, el respeto de las normativas laborales y de los convenios colectivos allí donde se firmaran.

Por su parte, el Estado le garantiza a los trabajadores el pleno empleo; salarios altos (en relación al periodo precedente) y estables, que se ajustan por el crecimiento de la productividad del trabajo; los beneficios de la seguridad social; y, por ultimo, el reconocimiento de los derechos colectivos de los trabajadores: derecho de agremiación, de huelga, y derecho a negociar colectivamente.

En contrapartida, el movimiento obrero se compromete a reconocer la legitimidad del Estado, abandonando las anteriores posturas impugnatorias del orden vigente, y aceptar el derecho del empresario a dirigir su empresa como mejor le parezca, sin interferencias de los trabajadores.

Este pacto o acuerdo social implícito tiene un doble fundamento, macro y microeconómico.

Desde el punto de vista macroeconómico, el pleno empleo, el relativamente alto nivel salarial y su ajuste en función del crecimiento de la productividad del trabajo, son factores que aseguran un adecuado equilibrio entre producción y demanda agregada.

Desde el punto de vista microeconómico, la autolimitación de los reclamos obreros a los aspectos retributivos de la relación laboral, pone al empresariado en condiciones de extraer todo su potencial de las técnicas tayloristas-fordistas de racionalización de la producción, asentadas sobre la rigurosa división entre tareas de dirección y control por un lado, y tareas de ejecución, por el otro.

3. La crisis del contrato social vigente.

A mediados de la década del setenta, la creciente globalización de las relaciones económicas, entre otros factores, interrumpe el “circulo virtuoso” en la mayor parte del mundo capitalista. Sobreviene una profunda recesión acompañada de fuertes tensiones inflacionarias y se exacerba la competencia en los mercados internacionalizados. Gradualmente, los gobiernos cambian las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, por diferentes variantes del ajuste neoliberal basadas en la “economía de la oferta”. El salario deja de ser considerado como sustento de la demanda para ser tenido en cuenta sólo como costo para las empresas, lo mismo que los impuestos y otras contribuciones al financiamiento del Estado de Bienestar.

Paulatinamente se va instalando el nuevo escenario; aparece y se agudiza el fenómeno de la exclusión social; crece la inequidad; el modelo de mundialización provoca la confrontación no sólo del capital contra el trabajo en cada país sino también del mercado financiero y del trabajo del sur con el mercado financiero y del trabajo del norte; el capitalismo basa la competitividad en la reducción de costos laborales y la caída del salario real en los países del norte y del sur; se generalizan las políticas de dúmping, que culminarán acelerando la concentración del poder económico y la exclusión de la mayoría de las sociedades.

Es así que el “contrato social” preexistente pierde vigencia. Entra en crisis.

Resulta evidente que un contrato social sólo es viable en la medida en que el mismo sea funcional a una determinada estrategia de crecimiento económico. En efecto: si la capacidad de generación de riqueza que tiene la sociedad se halla estancada, tarde o temprano las pujas distributivas se exacerbarán y el “contrato social” saltará por los aires.

Por consiguiente, es preciso considerar cuáles son las estrategias que en el mundo actual le permiten reposicionarse en los mercados mundiales a las economías nacionales.

El punto clave es la competitividad, y la competitividad, a su vez, se afirma sobre la productividad, la flexibilidad, la calidad y la capacidad innovativa del sistema productivo.

Existen dos estrategias diferentes y divergentes sobre cómo lograr ser competitivo en el mundo actual.

La primera implica un relanzamiento de los criterios tayloristas-fordistas apoyados en un uso masivo de las nuevas tecnologias informatizadas, lo que posibilita ganar en flexibilidad y calidad. La tecnología brinda, asimismo, instrumentos de control social del colectivo de trabajo.

Pero en la medida en que el costo del capital se acrecienta, este enfoque sólo es compatible con un muy bajo nivel salarial.

En términos generales, éste es el tipo de estrategia que viene aplicando el común de las empresas argentinas, razón por la cual interesa analizar cuáles serán las consecuencias sociales de mantenerse la economía argentina por este camino.

Inmediatamente se advierte que el alto desempleo es un elemento funcional del sistema, por cuanto es el único modo, en el marco de una sociedad democrática, de mantener deprimidos los salarios. La opción es de hierro: si se reduce el desempleo a tasas “normales”, aquéllos tenderán a recuperar su comportamiento histórico y las empresas perderán competitividad externa, lo que terminará afectando la actividad económica y se reflejará en un incremento del desempleo.

Pero el escenario resultante es más grave de lo que parece a simple vista. Como ya se ha dicho, una de las características de la desocupación en este fin de siglo es la exclusión y la marginalidad. De tal modo, muchos de los que no tienen cabida en el sistema productivo se retiran del mercado de trabajo, ya sea porque se insertan en formas de vida marginales, ya sea porque carecen de la calificación mínima indispensable y, por lo tanto dejan de presionar a la baja a los salarios. El resultado es que, aún en un contexto de crecimiento económico, la exclusión social no sólo se mantiene sino que también crece.

Es evidente que, de no producirse un cambio de rumbo, la convivencia democrática se torna imposible en el mediano plazo.

Sin embargo, como se ha adelantado más arriba, ésta no es la única estrategia competitiva que tiene éxito en la actualidad.

El otro camino implica una ruptura radical con los principios del Taylorismo, en tanto y en cuanto utiliza una lógica diferente en el análisis racional de los procesos productivos. El Taylorismo concibe a estos últimos como la suma aritmética de tareas individuales, cada una de las cuales puede y debe ser definida en base al principio de la especialización. La idea central es que si se racionaliza el funcionamiento de las partes, con una adecuada planificación y gestión de las interfases, el funcionamiento del todo queda automáticamente optimizado.

Por el contrario, el enfoque alternativo advierte que la organización productiva es en realidad un complejo sistema que trasciende largamente la dimensión de la empresa. Y según su punto de vista, la competitividad es un atributo del sistema, el cual no puede ser reducido a la suma de las contribuciones de sus partes.

Las implicancias de esta concepción afectan el diseño de la mayor parte de las políticas publicas. Nos limitaremos al estudio de aquéllas que tienen lugar en el ámbito de las relaciones laborales.

La búsqueda de competitividad -no sólo productividad- sistémica al interior de las empresas exige la movilización de las capacidades de gestión e innovación del conjunto de sus trabajadores, algo únicamente posible si los mismos se involucran responsablemente en el esfuerzo productivo.

A diferencia de la situación de posguerra, no se busca establecer un único “círculo virtuoso” de dimensiones macroeconómicas, sino muchos “círculos virtuosos”, situados en contextos mesoeconómicos cuya expresión social tampoco es un pacto o acuerdo social de alcance nacional, sino otros tantos “compromisos competitivos” entre trabajadores, empresarios y Estado, pero no necesariamente el estado nacional, sino también provincias y municipios.

Asimismo, el contenido de estos “compromisos competitivos” ha de ser substancialmente distinto de aquel “pacto social de posguerra”. A los trabajadores ya no se les pide disciplina y sumisión a las directivas de las empresas, sino responsabilidad, iniciativa, autocontrol, compromiso para con los resultados de la empresa y de la “red productiva” en la que ésta se haya inmersa. Al mismo tiempo, los resultados económicos de una mayor competitividad deben ser asignados de una forma equitativa entre el capital y el trabajo, lo que configura un nuevo patrón de distribución del ingreso, tan o más igualitario que el del viejo “pacto social”, aunque, quizás, menos garantista.

Si bien el nuevo “contrato social” que proponemos adquiere viabilidad en la medida en que aquellos “compromisos competitivos” rindan sus frutos y mejoren la performance global de la economía nacional, es importante destacar que no se circunscribe a los mismos. El desafío para los actores sociales -trabajadores organizados, empresarios y Estado- es cómo lograr que la mayor competitividad, que inevitablemente va a estar circunscripta a sólo una porción del aparato productivo, redunde en un paulatino avance hacia la integración y la equidad social. Tal es, a nuestro entender, la tarea que tiene por delante el gobierno de la Alianza.

4. Antecedentes parlamentarios.

La historia legislativa esta plagada de proyectos que reafirman nuestra idea de consagrar un modelo de relaciones del trabajo que termine con la puja y la confrontación y consagre una forma distinta de comunión de intereses compartidos entre el capital y el trabajo.

78 propuestas en la historia legislativa argentina parecen avalar nuestra posición, propuestas que aunque pertenecen a distintas etapas históricas y a distintas corrientes del pensamiento político, sin embargo muestran la voluntad de los legisladores por terminar definitivamente con el modelo de la confrontación entre los actores sociales. Entre los proyectos más importantes citaremos:

Formación de sociedades de participación obrera y cooperativas de trabajo.

Diputado Pereyra Rozas. 1º de junio de 1920.

Participación en las ganancias, de los trabajadores de la industria, el comercio y la producción

Diputado Lopez Serrot. 5 de marzo de 1947

Participación en las ganancias para los empleados y obreros de empresas económicas, privadas, mixtas o del Estado. Diputado M. Lyadarola. 27 de setiembre de 1951.

Participación en las ganancias.

Diputado Lopez Serrot 30 de setiembre de 1958

Empresas privadas mixtas y oficiales comerciales, industriales, bancarias, civiles. Participación del personal en sus utilidades: 30%.

Diputado Ponce de Leon. 10 de noviembre de 1959

Participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Diputado A. Pozzio. 30 de mayo de 1961.

Creación de Consejos de Empresas y Consejos Profesionales.

Diputados C. A. Bravo y J. Vázquez Pol. 27 de mayo de 1964.

Cogestión de trabajadores en el gobierno de las empresas. Participación en los bienes y en los beneficios. Creación y funciones. Departamento de Reforma Empresaria

Diputado E. Vedia. 23 de setiembre de 1964.

Creación de Consejos de Empresa en establecimientos con más de 100 obreros.

Diputado C. A. Bravo. 19 de junio de 1973.

Cogestión y participación de los obreros en empresas industriales y comerciales. Creación de un Consejo Obrero de Empresa en establecimientos con más de 20 obreros.

Diputado E. A. Monsalve. 29 de junio de 1973.

Creación del Consejo Nacional de Participación en las Ganancias, incluyendo en cada empresa un organismo de consulta y colaboración de los obreros.

Diputado J. C. Arraya. 11 de setiembre de 1973.

Sistema nacional de empresas de propiedad social, personas jurídicas integradas por trabajadores, con objeto de realizar actividades económicas. Distribución de utilidades. Direccion a cargo de trabajadores.

Diputados Auyero y Garré. 25 de setiembre de 1974.

Reglamentación de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Comprende empresas particulares y del Estado Nacional o Provincial. Porcentaje a establecer por acuerdo de las partes.

Diputado Liborio Pupillo. 7 de junio de 1984.

Participación de los trabajadores en las ganancias.

Diputado A. Paleari. 9 de mayo de 1984.

Constitución de Consejos de Empresa en establecimientos con mas de 50 trabajadores.

Diputado R. J. Cornaglia. 7 de marzo de 1986.

Consagración del derecho de los trabajadores a compartir la dirección de empresas en las que el estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital.

Envío del poder ejecutivo. 6 de agosto de 1986.

Régimen legal de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Cogestión. Creación del Consejo de Vigilancia. Atribuciones y funciones de la Comisión Laboral. Creación del Comité Laboral de Gestión.

Diputado .R. J. García. 22 de setiembre de 1986.

Derecho de información y consulta de los trabajadores en establecimientos privados o estatales que ocupen más de cien trabajadores.

Diputado F. Mugnolo. 12 de agosto de 1988.

Régimen de información y consulta para los trabajadores que se desempeñen en empresas privadas, sociedades del estado, sociedades mixtas, que ocupen mas de 50 trabajadores.

Diputado L. Cáceres. 14 de julio de 1989.

Instituto Nacional de Participación en las Ganancias y Accionariado Obrero. Creación. Dependencia del Ministerio de Hacienda.

Senador M. A. Tanco. 6 de agosto de 1947.

Participación en las utilidades netas de la empresa. Empleadores de la actividad privada con más de 50 trabajadores. Se reserva el 15% de las utilidades netas del ejercicio anual.

Senadores V. L. Saadi y L. Salas Correa. 1 de agosto de 1973

Institución de un régimen de control obrero en empresas no agropecuarias.

Senador A. Pennisi. 25 de setiembre de 1975.

Promoción de la participación laboral en las empresas.

Senador Oraldo Britos. 30 de setiembre de 1984.

Establecimiento de un sistema de participación y control obrero en empresas del estado, mixtas y privadas.

Senador Luis Brasesco. 19 abril de 1985.

El poder ejecutivo podrá implementar un sistema de accionariado obrero para la privatización de sus empresas.

Senador Luis Brasesco. 11 de diciembre de 1986.

Régimen de participación en las ganancias de las empresas.

Senador H. Solari Yrigoyen. 29 de octubre de 1987.

Régimen de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Senador Luis Brasesco. 19 de julio de 1988.-

5. Derecho comparado.

Del derecho comparado podríamos tomar una gran cantidad de normas que consagran el modelo de concertación social en sociedades con un alto grado de desarrollo. Sólo haremos un análisis simple del modelo alemán que creemos resume nuestras ideas básicas alrededor del tema.

Durante el siglo XIX Alemania se transformo de una sociedad agraria en una sociedad industrial, siendo los obreros industriales en un primer momento un sector carente de toda protección y derechos. Con la lucha de sus organizaciones revirtieron su situación material y la de su seguridad social.

Hasta bien entrado el siglo XX, los trabajadores estaban bajo el poder de disposición de los empresarios.

En los últimos decenios se ha producido un proceso de transformación y un cambio cultural que podemos caracterizar como fundamental para explicar el porqué de la calidad de vida de esa sociedad del primer mundo.

El fundamento del orden social en Alemania es indiscutiblemente el principio de autodeterminación de la persona. Esto se infiere ya de la garantía constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Si, como en nuestro país, el trabajador fuera considerado sólo como un elemento del proceso de producción, determinado exclusivamente por los intereses del capital, se contradiría esta idea rectora de la autodeterminación del individuo.

Tomando esta idea fundamental, es que existe un gran acuerdo en el sentido de que los objetivos de la empresa deben estar condicionados también por los intereses del trabajador y que en las decisiones empresariales que afecten los intereses vitales de los asalariados es necesario garantizar una participación democrática.

Para satisfacer estas exigencias constitucionales se les otorgó a los trabajadores un amplio derecho de cogestión legalmente garantizado.

Este desarrollo se remonta a 1920, con la ley de Consejos Empresariales, la Ley de Cogestión de la industria minera en 1951, la Ley de Organización de Empresas en 1952, la segunda de Organización en 1972 y la Ley de Cogestión General de 1976, son hitos jurídicos que permitieron la realización plena de la idea de la “fábrica constitucional”, que hace tan sólo unos decenios parecía un sueño utópico. De esta manera, en Alemania el principio constitucional del estado social ha adquirido vida concreta en el campo del trabajo.

6. Un nuevo modelo sindical para el siglo XXI.

Para comprender por qué hablamos de un nuevo modelo sindical para el siglo XXI, es necesario volver a remarcar algunos hitos del desarrollo sindical de los últimos 50 años en la Argentina y fundamentalmente el proceso de degradación del poder sindical a que lo sometió el modelo de sociedad neoconservadora-menemista desde 1989 hasta hoy.

El movimiento obrero argentino logró entre 1946 y 1952, una identidad social propia, con una alta tasa de sindicalización y fuertes organizaciones gremiales, sin conseguir a pesar del extraordinario poder -que le otorgó el partido gobernante atribuyéndole categoría de columna vertebral-, una cultura sindical autónoma, que resuma una idea de progreso social para los trabajadores .

Esta falta de visión estratégica de los dirigentes condenó al sindicalismo argentino a la disputa puramente económica.

La vigencia de una fuerte intervención estatal en el diseño y la producción de políticas y de bienes sostuvo un modelo sindical orientado a presionar sobre un modelo social dirigista.

Con la apertura del mercado y sus consecuencias, privatizaciones, achicamiento del aparato estatal e industrial, el sindicalismo tradicional de la Argentina quedó descolocado, sin comprender cómo su propio partido político y sus dirigentes más conspicuos lo sometían al avasallamiento de los derechos y le otorgaban un rol menor en la mesa del diseño de país, que ahora estaba reservado a los tecnócratas con los que se habían enfrentado durante décadas.

Al desaparecer las condiciones políticas y económicas que hicieron posible su desarrollo, el sindicalismo argentino quedó inmerso en una crisis cultural, que lo hace irrepresentativo frente a los trabajadores y lo torna ilegítimo frente al poder político y económico.

Sólo podrá revertir esta situación con un alto grado de autonomía del Estado, que lo lleve a asumir un rol de representación política-laboral de la clase trabajadora y no, como lo quiere condenar el poder económico, a ser la representación de sectores segmentados del movimiento obrero.

Reconstruir la trama sindical argentina es posible sólo mediante un cambio fundamental en la composición y orientación política de la nueva dirigencia sindical que deberá surgir en los próximos años.

Serán los renovadores, que vendrán a reemplazar a la vieja dirigencia que se ha refugiado en los negocios de servicios sindicales dentro de la lógica del mercado neoconservador.

Los líderes sindicales del futuro se encuentran hoy en las capas de dirigentes que desde un estadio generacional menor, ocupan roles secundarios en muchos casos y principales en los menos, dentro de estructuras como la CTA, el MTA, e inclusive en la propia CGT, pero fundamentalmente en la OTR, como herramienta político-sindical del próximo partido de gobierno en la Argentina del 99 al 2003.

La Argentina que viene tiene en principio dos alternativas: continuar el proceso neoconservador iniciado por el menemismo en 1989, afianzando la concentración económica y la hegemonía de los grandes grupos y sostenido por un poder político conservador populista ,o se instala un gobierno de la Alianza política que privilegie la instalación de una economía de mercado regulada, hegemonizada por un bloque político social moderno, que fomente la reindustrialización, fuertemente democrático y participativo.

En esta alternativa, las organizaciones sindicales deben ser un componente esencial, participando en el bloque político dotándo de una base social amplia a un gobierno que no sólo debe ser la Alianza electoral de dos o tres partidos políticos, sino el continente de una amplia concertación social por el progreso económico y la equidad social.

Entendemos que la tarea no es fácil. No es un conflicto sectorial o generacional, es la lucha de las ideas, es por un lado un sindicalismo que muere inmolado por no romper su dogma de columna vertebral de un gobierno que lo pone de rodillas y lo entrega mansamente a sus adversarios históricos, y por otro un sindicalismo que nace y quiere romper los viejos esquemas, dando un salto cualitativo hacia un sindicalismo socio-político, comprometido en reconstruir los lazos de solidaridad social, sin perder su identidad ideológica.

7. Nuevo contrato social.

Nuestro concepto de nuevo contrato social no debe circunscribirse sólo a lo laboral; por el contrario, debe definir un nuevo modelo de sociedad que observe cambios fundamentales en la salud pública, la educación, la participación colectiva, la distribución de los recursos económicos surgidos del esfuerzo común. Todos éstos son pilares para comprender qué definimos como nuevo contrato social.

El modelo de sociedad globalizada y sus consecuencias sociales sobre los trabajadores obliga a las nuevas corrientes sindicales, que observan la realidad con un horizonte mucho más lejano que el que sólo atiende la cotidianeidad, a pensar en nuevos contratos sociales, que algunos llaman cartas sociales, cláusulas sociales, acuerdos o pactos. Y lo ponen en el centro del nuevo escenario político social para el próximo milenio.

Para nosotros es una herramienta vital, que permitiría revertir el camino de la confrontación histórica entre el capital y el trabajo -donde siempre los trabajadores terminamos perdiendo.

En ese contexto de la mundialización económico-cultural es que planteamos la idea del nuevo contrato social.

La pelea por el nuevo contrato social dentro de muy poco no será sólo de nosotros; los sindicatos de los países industrializados lo están discutiendo, las centrales internacionales de trabajadores demandan cláusulas sociales, los bloques económicos y políticos, como la Unión Europea y el Mercosur tienen cartas sociales en sus postulados.

La necesidad de transformar el capitalismo de renta en un capitalismo humanista y productivo, con sentido social, reclamada desde los mas diversos sectores y representantes sociales del mundo, empezando por la propia Iglesia Católica, es la demanda de fin de siglo.

Redefinir un contrato social, es apuntar a facilitar la transformación del capitalismo y ayudar al advenimiento de una etapa histórica distinta de concertación y complementación entre sistemas económicos de mercados productivos con equidad social.

En definitiva, en este nuevo contexto internacional, subrayamos la imprescindible necesidad de propiciar desde cada lugar que nos toque actuar, las condiciones del nuevo contrato social para la Argentina, que se sostenga en una estrategia de desarrollo integral de los individuos y de las empresas, que establezca un nuevo marco de distribución de la riqueza, repartiendo los beneficios de la mejor productividad laboral que se ha producido en las grandes empresas nacionales y foráneas que residen en el país; en otras palabras, nuevo contrato social quiere decir nuevo acuerdo de solidaridad, nuevo acuerdo de trabajo, nuevo acuerdo de ciudadanía, lo que significa hacer la sociedad entre todos con la inclusión de todos.

8. Nuestra propuesta.

Reconstruir el concepto de empresa y trabajo productivo después del vendaval neoliberal parece casi una utopía. Aquellos que creen aún en construcciones colectivas para resolver los problemas sociales derivados de la aplicación de políticas excluyentes deberán pensar en un modelo no confrontativo, en un modelo asociativo, -que no resolverá todo el conflicto pero que contemple a ambos protagonistas en su real dimensión.

Pero para ello, como condición previa, es preciso que se produzca un cambio notorio en las actuales relaciones de poder en la Argentina, que conduzcan a un equilibrio de las fuerzas y a las posibilidades concretas de modificaciones en el contenido y en la dirección de las reformas económicas y sociales introducidas.

En este nuevo contexto político será posible propiciar las condiciones de un nuevo contrato social en la Argentina, con el trabajo en busca de alcanzar el pleno desarrollo individual y colectivo, y el capital en busca de alcanzar un adecuado nivel de rentabilidad. El único camino es la concertación, por el que venimos seguirá perdiendo siempre el mismo; y el que se cree ganador, en poco tiempo no podrá contener la demanda social que él mismo genera sin otro método que la represión y la consecuente degradación de los valores que sustentan una sociedad civilizada.

Se trata nada menos que de construir una comunidad de intereses, que desde las normas establezca un nivel de participación común en la gestión, un diseño de representación en donde todos y cada uno de los miembros de esa “comunidad-empresa” aporten a un común denominador que los ponga en igualdad de condiciones en pos de un objetivo colectivo. Se trata, al mismo tiempo, de redefinir el rol del Estado, de modo que pueda garantizar el equilibrio que proteja a los ciudadanos de las urgencias y prepotencias del mercado.

En lo macro, la experiencia de otras sociedades muestra cómo se puede redefinir el contrato social básico que cada uno de los habitantes de este país firmó tácitamente cuando decidió vivir dentro de las normas que le impone la sociedad; todos sabemos cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones; establecer nuevos es lo que estamos reclamando.

Como se ha visto, modelos donde se definieron pautas de participación en el diseño de la política empresarial, han dado resultados sumamente positivos. Comités de empresas, o de cogestión, en sociedades desarrolladas del primer mundo demuestran cómo el modelo de confrontación no soporta las demandas de unos y otros, y obliga al replanteo permanente de las relaciones laborales llevándonos al título de este documento: ¿reforma laboral o nuevo contrato social?.

En lo jurídico nuestra propuesta es simple, aunque la complejidad del tema le dé carácter de compleja. Proponemos para las Pymes un modelo de sociedad de capital e industria, que está contemplado en nuestra legislación comercial y establece una asociación entre el capital y el trabajo en condiciones particulares, tanto para el aporte de cada uno como para la distribución de los beneficios que el esfuerzo común produce.

Para las empresas de mas de cien trabajadores proponemos un modelo de sociedad basado en la “propiedad participada”, con comités de representación del trabajo, con control sindical y del Estado mediante una Secretaría de Desarrollo Productivo donde estén representados todos los actores que tienen que ver con la producción de bienes o servicios, incluyendo el Estado, cuyo rol de productor de servicios públicos lo iguala a la hora de discutir su relación con los trabajadores del sector público.

Un párrafo aparte merece el sector de la economía social, compuesto por cooperativas, mutuales y otras instituciones solidarias, las que, con sus más de 10 millones de argentinos afiliados, deben ser asumir un rol protagónico en la definición del nuevo contrato social.

Para enfrentar este desafío, es preciso que las organizaciones de economía social, o tercer sector, no desconozcan las herramientas de la competencia que plantean las actuales circunstancias mundiales, pero siempre sobre la base de la acción cooperativa, que es su esencia, estableciendo nuevos mecanismos de comunicación con el afiliado, para convocarlo y atraerlo pero, fundamentalmente, interpretarlo en sus penurias y carencias.

Por este camino, el tercer sector podrá integrarse activamente para participar en las políticas de desarrollo local y regional, especialmente en aquéllas que favorezcan el empleo, ayuden a la reinserción de los marginados y combatan las causas de la exclusión social; estableciendo auténticas relaciones contractuales con el Estado -en este caso, los gobiernos municipal y provincial-, que propicien acciones que aquél ha dejado de cumplir y jerarquicen al sector solidario.

Es necesario, en definitiva, que las organizaciones de la economía social asuman el papel que tienen que cumplir en la lucha contra los desequilibrios regionales y locales, formando parte de un sector que ya tiene promoción y patente universal y está llamado a responder a los requerimientos económicos y sociales de los hombres y mujeres de hoy y de mañana.

Los fenomenales cambios culturales producidos en el mundo en los últimos 20 años nos permiten pensar que todo es posible; los dogmas han caído, los valores absolutos pasaron a ser relativos.

Pero los principios fundacionales de la sociedad son lo único que perdura: luchar por una sociedad más justa significa pensar en el cambio aunque ese cambio parezca utópico.

No hacerlo en las puertas del tercer milenio es no tener estatura de dirigente.

“………la UCR tiene como misión fundamental darnos el hombre libre y una patria soberana, generosa, solidaria con los pueblos democráticos, enemiga de dictaduras y de imperialismos. Para esto debe aspirar a ser una escuela de carácter, seguir con atención los fenómenos del mundo, estudiar con sus hombres esclarecidos y técnicos todos los problemas sociales y económicos y proponer soluciones para los pueblos y no para los núcleos. Debe dar a su acción y a su ideario, en lo argentino, en lo americano y en lo mundial, la fuerza de una mística fraternal que construya la paz sobre los espíritus y edifique gobiernos, no como instrumentos de las finanzas, sino como organismos destinados a terminar con las persecuciones raciales, los sectarismos religiosos, la ignorancia, la miseria económica, la enfermedad y la inseguridad social, que afirme y ahonde el perfil de lo argentino”.

Crisólogo Larralde.

MARZO 1999.-

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